Defender el patrimonio natural ubicado en las zonas rurales con actuaciones de carácter material físico. Como consecuencia de esta defensa, se incrementará la sensibilización de los ciudadanos en la conservación y mejora de los recursos naturales garantizando tanto el uso público de estos bienes, así como los beneficios socioeconómicos de incidencia social. A su vez, la disminución de riesgo de daños provocará la mejora de las condiciones en relación con la conservación de especies cinegéticas o piscícolas.